Señores Diputados, los galleguistas, desligados en absoluto de todo vínculo político con el Gobierno y con los partidos de la mayoría, entusiastas como los que más del régimen republicano y parlamentario, no hemos querido tener en cuenta las desatenciones de que ha sido objeto nuestra tierra, porque no esperamos mejor trato de los partidos de la oposición, y hemos sabido prescindir de nuestros disgusto, en momentos difíciles para el Gobierno, por no prestarnos a un juego político que nos parece de la más vieja y castiza política española.
Los diputados galleguistas hemos hablado aquí repetidas veces de los problemas peculiares de Galicia y de sus necesidades apremiantes, esperando a que los Poderes públicos fijasen su atención sobre ellos para conocerlos, y remediarlos. Por eso hoy nos vemos en la obligación de presentar un memorial de agravios, porque no cumpliríamos con nuestro deber si no fuésemos resonadores en el Parlamento de las ansias del pueblo que nos ha elegido como representantes suyos.
El mismo día que nosotros solicitábamos esta interpelación, el actual Ministro de Obras Públicas, Sr. Prieto, declaraba ante los periodistas que Galicia tiene derecho a quejarse, y esta honrada confesión vale por todo cuanto nosotros pudiéramos decir para justificar nuestro disgusto.
Y sin más preámbulo, porque no quiero malgastar palabras ni tiempo, voy a entrar de lleno en algunos puntos que han de ser objeto de mi discurso, rogando al Sr. Presidente de la Cámara que esta interpelación no sea muy interrumpida, por lo menos mientras no hablen también mis compañeros los Sres. Otero Pedrayo y Suárez Picallo, porque nuestros discursos están unidos por una sola intención que no debe ser cortada.
Voy a empezar por el primer punto, que se refiere al ferrocarril gallego. Si se advierte que España es una avanzada de Europa en el Atlántico y si los puertos gallegos tienen una situación de privilegio para ser el nexo de unión entre América y Europa, resulta imperdonable no haberlos dotado de comunicaciones rápidas y de todos los elementos que necesitan para cumplir su misión; y si advierte que Galicia está unida al resto de España y de Europa por una línea tortuosa, absurda e irracional, entonces el asombro tiene que convertirse en indignación. Aquel túnel ideado por el gran novelista Kellerman que había de unir América con Europa terminaba en Galicia, pero la fogosa imaginación de este escritor no llegó a concebir, no pudo vislumbrar semejante desidia del Estado español.
Un país europeo que sólo tiene un kilómetro de ferrocarril para cada 1.300 habitantes, está en la obligación de realizar un esfuerzo supremo para salvarse de esta vergüenza, porque el problema del tráfico ferroviario en España es simplemente un problema de dignidad nacional. Pero es más vergonzosa para el Estado la situación ferroviaria de Galicia, que sólo cuenta con un kilómetro de ferrocarril por cada tres mil y pico habitantes. Afirmar que se ha gastado demasiado en ferrocarriles en el mismo tono con que pudiera decirse que se ha gastado demasiado en Marruecos o en Exposiciones, es incurrir en una flagrante equivocación que sólo puede ser disculpada por el apasionamiento de quien lo afirma.
También se ha dicho que es preciso sacrificar los intereses regionales a los intereses más altos de la nación pero, este tópico no puede ser aplicado al ferrocarril gallego que es de un evidente interés general. Por otra parte, hablar en tono despectivo de los intereses regionales y locales tiene que molestarnos, porque los intereses locales son también intereses españoles y la suma de todos ellos es lo que ha de constituir la base más sólida para el asentamiento de una verdadera democracia republicana.
Aún resuenan en nuestros oídos las manifestaciones del actual Ministro de Obras Públicas, Sr. Prieto, que afirmó que con su voto ni un kilómetro más de ferrocarril se haría, y, en efecto, ya se están construyendo ferrocarriles subterráneos de enlace cuyo elevado coste, cuya discutida utilidad y cuyo reducido interés local bastan para justificar nuestra indignación y provocar nuestra protesta.
El ferrocarril gallego tiene una larga historia que sangra injusticia. Esta obra tiene su origen en el plan general de ferrocarriles del año 1855 y fue nada menos que el ingeniero D. Práxedes Mateo Sagasta quien fijó la orientación de su trazado. Por las dificultades económicas y financieras con que entonces se tropezaba y por la irrisoria ayuda que el Estado ofrecía, la construcción de los extremos de esta vía férrea, el de Medina del Campo-Zamora y el de Vigo-Ourense se llevó a cabo mediante enormes sacrificios, y a fin de evitar la ejecución del trozo intermedio, o sea el de Zamora-Ourense, la Compañía del Norte tuvo influencia bastante para que el Estado construyese por su cuenta el ramal de Monforte a Ourense y empalmar así en la red del Norte la única vía férrea que sirve a la parte Sur de Galicia. Con este acto de generosidad inaudita del Estado, único que realizó en un país donde gracias a Empresas extranjeras se construyeron ferrocarriles de importancia, se evitaba la ejecución del trozo intermedio para favorecer exclusivamente los intereses de la Compañía del Norte; pero desde entonces quedó en la memoria del pueblo gallego el recuerdo de esta maniobra.
Galicia, que fue cuna de muchos gobernantes cucos, tiene una larga y dolorosa experiencia política. Vio que los gobernantes amparaban y protegían siempre las prebendas y los privilegios de Empresas privadas, y es natural que ahora crea que los accionistas de la Compañía del Norte no han perdido del todo su influencia. Yo no participo de esa malicia, pero mi pueblo la tiene justificada; porque en la persistente campaña que han venido realizando los detractores del ferrocarril gallego, se advierte una parcialidad sospechosa.
Así, por ejemplo, el Sr. Rivera, autor de un trabajo tendencioso que todos los Diputados habrán recibido, se sintió austero y patriota cuando ya iban gastados más de 100 millones, pero es preciso decir que fue uno de los concurrentes a la subasta de las obras y que hubiera sido mucho más oportuno que este ilustre constructor y contratista nos hubiese dado a conocer sus opiniones antes de la subasta. Por esta y por otras muchas razones, que no tengo tiempo de exponer ahora, la imaginación del pueblo creó sospechas que es preciso desvanecer a toda costa.
No se trata de un ferrocarril improvisado alegremente por la Dictadura, según se ha dicho, sino de una obra que responde a una necesidad largamente sentida. Pero, aunque así fuese, las obras no son buenas o malas por quien las realiza, sino por lo que ellas representan en sí, por la utilidad que han de prestar, y prueba de ello es que, en la ponencia de Gobierno respecto a las líneas o secciones que habrían de ejecutarse por el Estado, se aceptaba el cuarto trozo, que es creación de la Dictadura, mientras que se rechazaban el primero y el segundo, o sea el Zamora-Ourense, que está avalado por todos los requisitos técnicos y legales apetecibles. Y esto, visto desde Galicia, Sr. Presidente del Consejo de Ministros, parece una burla; porque Galicia, no solamente necesita que se termine pronto la construcción del ferrocarril íntegro de Zamora a A Coruña, sino que además está necesitada del que se llama Ferrocarril Central Gallego.
Para darse cuenta de la importancia que habría de tener este ferrocarril para el intercambio de productos entre las regiones de Galicia y de Castilla, basta conocer los acortamientos de distancia, sin contar con los de tiempo, debidos al mejor trazado de la línea. En la actualidad es fácil de ver cómo se establece de hecho una especie de aduana interior en Monforte que grava los productos de importación y de exportación, en términos insoportables, por las distancias innecesarias que tienen que recorrer. El correspondiente incremento en los gastos de transporte, que asciende a muchos millones, coloca a Galicia en una situación de desigualdad con respecto a las demás regiones del litoral y esta injusticia no puede soportarla Galicia sin consignar, primero, su protesta y sin recurrir, después a todos los medios legales o extralegales que sean necesarios para ver cumplidas sus legítimas aspiraciones de mejoramiento.
Como las regiones a que ha de servir de enlace el ferrocarril gallego son de producción complementaria, huelga señalar la importancia que nosotros le concedemos, sobre todo después de haber visto muchas veces cómo las harinas de Castilla llegaban a Galicia por las líneas portuguesas, por que los acortamientos de recorrido compensaban con creces los inconvenientes aduaneros.
En Galicia no podemos concebir que se hable seriamente de inutilidad de nuestro ferrocarril, porque toda nuestra riqueza minera y forestal, nuestra ganadería y nuestra pesca están fuertemente vinculadas a esta obra. Sólo en la provincia de Pontevedra y en la zona que ha de atravesar este ferrocarril están denunciadas y tributan al Estado más de cuarenta minas, de wolfram y estaño principalmente, que no han podido ser explotadas por carecer de medios de transporte económicos.
Por ser elevadísimas las tarifas del ferrocarril del Norte fracasaron los mataderos rurales de Galicia, cuya ruina representa un enorme perjuicio para nuestra ganadería y tiene en trance de embargo a más de 7.000 familias labriegas. Esto aparte de lo que supone para nosotros el fracaso del primer ensayo cooperativista que allí se hacía.
De la importancia militar de este ferrocarril no he de ocuparme porque no tengo aficiones castrenses; pero bien está indicar si será conveniente que en un momento de peligro pueda quedar Galicia con facilidad aislada del resto de España.
Y no se arguya que a falta de ferrocarril tenemos carreteras para el transporte de nuestros productos, porque las carreteras que unen a Galicia con el interior de España son de un magnífico trazado, pero carecen de firmes modernos y se hallan casi siempre en un estado deplorable, a pesar de lo cual los autocamiones le hacen competencia al tren. ¡Qué tal será el tren! Porque no creo, Sres. Diputados, que alguien pueda demostrar que en trayectos tan largos resulte más barato, por tonelada y kilómetro, el transporte por carretera; esto, aparte de la desvalorización comercial que sufren algunos productos, por ejemplo, el pescado, que a nosotros nos interesa tanto. El transporte por carretera sí que ocasionará constante déficit al Estado, porque las patentes de circulación nunca podrán compensar los gastos de construcción y reparación de los caminos, y cuanto más se intensifique el transporte por carretera, mayor será el desnivel que presente la balanza comercial; por que el tren y el carbón que consume son de producción nacional, y cuando se emplee la energía hidroeléctrica el ahorro será extraordinario, mientras que los automóviles y lo que consumen – caucho y bencina- son productos de importación.
Y ya que hablamos de carreteras, bueno será afirmar que el Estado ha sido siempre separatista de Galicia, como puede demostrarse con los dos hechos siguientes: la carretera llamada del Guadarrama la pagó entera Galicia, que para estar unida con la capital de España se vio en la necesidad de abonar íntegramente la carretera que va de Madrid a A Coruña; y la de Vigo a Villacastín, que es la directa a Madrid, se hizo mediante una anticipo reintegrable de las Diputaciones de Zamora, Ourense y Pontevedra. Para obtener el reintegro de la cantidad anticipada se vieron en la necesidad de sostener un pleito, fallado por el Tribunal Supremo, estando aún sin cumplir la sentencia que afecta a Pontevedra, a la que por este concepto debe el Estado 2 millones y medio de pesetas. Por cierto que bien podía pagárselas, pues no que creo que tenga moralmente derecho a reclamar 1.500.000 ptas, amenazándoles con el embargo, a 7.000 familias de labriegos que se embarcaron en la magnífica aventura cooperativista de los mataderos rurales, cuando debe 2 millones de pesetas y no los quiere pagar.
La situación de Galicia, en cuanto a comunicaciones, pudiera estar justificada por la pobreza del Estado si otras regiones, siempre privilegiadas, no dispusieran de excelentes servicios ferroviarios. También la pobreza de Galicia pudiera disculpar, en cierto modo, el abandono en que la tiene el Estado, si éste, por otra parte, no la obligase a tributar como rica. Nosotros nos damos cuenta de la crítica situación de la Hacienda española en estos momentos; pero ¡qué le vamos a hacer! Llegó el instante de pediros un sacrificio para quien se ha sacrificado siempre; Galicia necesita ese ferrocarril para el desarrollo de su riqueza, está pidiéndolo desde hace setenta años y no puede exigírsele que renuncie a su porvenir ahora, en el preciso momento en que creyó ver cumplidos sus deseos y satisfechas sus ansias de mejoramiento. Ya sabemos que no se ha decretado la muerte del ferrocarril gallego (si tal hubiera ocurrido, nosotros no podríamos permanecer en el Parlamento); Pero si no se ha decretado su muerte, tampoco se asegurará su vida si no se atiende a esa obra con el interés, con la urgencia y con el entusiasmo con que estáis atendiendo a otras muchísimo menos necesarias.
Se afirma que la explotación de nuestro ferrocarril será ruinosa y ocasionará un déficit constante al Estado. Los detractores de nuestro ferrocarril para elevar su coste, se olvidan de la baja de las subastas, fingen ignorar las economías obtenidas por la reducción de obras y las que todavía se pueden lograr, llevan a términos irrisorios e inconcebibles el tráfico probable y no conceden importancia a los acortamientos de recorrido. Nosotros, con mejores razones, podríamos asegurar que los beneficios directos de esta obra serán compensadores para el Estado; pero ya que los detractores y los pesimistas de nuestro ferrocarril, no sé con que malicia o con qué interés, aconsejan el abandono total de la obra y dan por perdidos los millones empleados y los que todavía sería preciso gastar en indemnizaciones a las Compañías constructoras ¿para qué cuentan con ellos en sus cálculos? Porque si realmente están dispuestos a tirar estos millones, que los den por perdidos, y para el cálculo probable de los beneficios, que sólo se cuente con lo que hay que gastar de ahora en adelante; Pero mientras no se demuestre lo contrario, nosotros nos atenemos a los cálculos del Sr. Cantero, que merecieron la aprobación del ingeniero jefe de estudios y construcciones de los ferrocarriles del Noroeste Sr. Murúa, corroborados hace poco por el Sr. Machimbarrena. Con arreglo a estos cálculos, el ferrocarril gallego, considerado como Empresa industria, producirá del 3 al 4 por 100, según los trozos; de modo que tampoco se puede considerar como un negocio ruinoso. Pero hay que tener en cuenta que los ferrocarriles que el Estado construye por su cuenta, no deben ser considerados como Empresa industria, sino como servicio público que está obligado a prestar en bien de los ciudadanos y por los beneficios indirectos que el mismo Estado habrá de recibir. ¿Son un negocio, acaso, las escuelas y el ejército? ¿Es que van a ser negocio los ferrocarriles subterráneos de enlace que estáis construyendo? Pues yo os digo que Galicia necesita que se termine cuanto antes la construcción de su ferrocarril, porque lo necesita como el pan, porque en ello le va su vida, y he de avisaros honradamente que la indiferencia con que los Poderes Públicos contemplan nuestros problemas peculiares y nuestras necesidades apremiantes, puede dar frutos insospechados.
Y por si fueran pocas las razones expuestas a favor de nuestro ferrocarril, Galicia tiene otras de carácter fiscal que serían suficientes: según cálculos obtenidos por la Secretaría técnica del partido a que pertenecemos, Galicia satisfizo al Estado el año 1930, por toda clase de impuestos, contribuciones y monopolios, 135 millones, y el Estado gastó ese año en Galicia, por toda clase de atenciones, incluso las de obras públicas, 126.200.000 pesetas, quedando un remanente a favor de Galicia de 8.800.000, que práctica y normalmente es muchísimo mayor, porque no han podido computarse en la cifra de ingresos, por falta de datos, ni la parte que corresponde a Galicia en los millones con que el Estado participa de los beneficios del Banco de España, ni en las utilidades de los Bancos y otros ingresos sobre empresas centralizadas en Madrid, que, según cálculos, ascienden a más de 100 millones, y es preciso decir que nosotros hemos tomado datos del año 1930 por ser el más favorable a Galicia, pues no se puede ignorar que la recaudación por algunos conceptos, especialmente el de Aduanas, sufrió un descenso anormal de varios millones. En ese año se refundieron los presupuestos ordinario y extraordinario, cuyas partidas reunidas son las que han tenido en cuenta, y además en las cifras de gastos figuran 39 millones y medio de pesetas por atenciones de Guerra y Marina, que, de ningún modo, podrían, en su mayor parte, corresponder a Galicia. Claro está que este superávit, que puede cifrarse en mas de 12 millones, tendría que ser disminuido en aquella parte de atenciones llamadas generales que le corresponderían a Galicia dentro de una régimen descentralizado; pero también los cálculos, hechos al efecto muy por bajo y tomando como punto de partida las cifras referentes al año 1930, completamente desfavorable para nuestra tierra, dan un remanente a nuestro favor, como podríamos demostrar si este fuese el momento oportuno.
Galicia, por consiguiente, no puede ni debe renunciar a su ferrocarril; porque, si lo pagó; si ayuda a enjugar una anualidad de muchos millones de Deuda Pública, contraída en atenciones que le son ajenas; si contribuye a pagar gastos que le repugnan; si sufre las graves consecuencias económicas del arancel protector de otras regiones españolas; si sus problemas peculiares, por la diferenciación con que se caracterizan, escapan siempre a eso que vosotros llamáis interés nacional, justo es que los Poderes Públicos fijen su atención en nuestras necesidades apremiantes para remediarlas. Galicia tiene derecho a que se termine cuanto antes la construcción de este ferrocarril, que es de vital importancia, que ha pagado con exceso y que no es más que una compensación a tantos sacrificios como le fueron exigidos.
El segundo punto de mi discurso se va a referir al caciquismo. Muchas veces, Sres. Diputados, hemos soportado el aire de suficiencia con que algunos se duelen de nuestras desgracias políticas, atribuyéndolas al caciquismo local, pero compasivamente, en la triste categoría de individuos de protectorado. Es irritante para nosotros ver cómo todavía se esgrime el desinflado tópico del caciquismo para dudar de nuestra capacidad ciudadana, afirmando, con ingenuidad infantil, que Madrid es el contrapeso de la caciquería gallega, el padre que corrige, el tutor que ampara y el director que guía. No; el caciquismo nació en Galicia cuando nuestra tierra perdió su fisonomía administrativa y cuando quedó dividida en cuatro provincias absurdas, gobernadas por otros tantos Poncios; el caciquismo en Galicia, como en todos los pueblos de España, nutre sus raíces en los Ministerios de Madrid, especialmente en el Ministerio de la Gobernación. Tiene que ser así, porque el sistema centralista, así como en lo administrativo tiene que valerse de la burocracia, en lo político necesita del caciquismo; y prueba de ello es que cuando los grande caciques tropezaban con algún obstáculo serio, siempre decían lo mismo: “Eso lo arreglo yo en cuanto llegue a Madrid”. Y, en efecto, desde Madrid se destituían Ayuntamientos, se incapacitaban concejales, se revocaban acuerdos, se anulaban elecciones, se trasladaban jueces y magistrados y, en fin, se realizaban arbitrariedades de todo género. Lo que un monterilla cualquiera no se atrevía a realizar por miedo al control inmediato de la opinión pública, se hacía desde Madrid o por medio de los Gobiernos civiles, porque la protesta lejana de los ciudadanos llegaba siempre en forma de escrito respetuoso, que iba a terminar en el cesto de los papeles inútiles. Y este sistema centralizador, que es el que ha desvirtuado políticamente a Galicia, lo invocan algunos como garantía en nombre del anticaciquismo. No puede darse, Sres. Diputados, nada más ilógico; Galicia de verdad rechaza la política caciquil, porque el caciquismo es siempre pernicioso y no puede hablarse de caciques buenos ni de caciques malos, porque todos son malos; pero sí puede hacerse una distinción entre caciques verdaderos y caciques falsos. Voy a ver si logro hacerlo.
La palabra “cacique” creo que vino de América, y significa jefe de tribu. ¿No es esto? Pues bien, si hay una tribu de salvajes, el más salvaje de todos será el cacique (RISAS). Pero si nos imaginamos una tribu de sabios – cosa imposible, porque los sabios no se reúnen en tribu -, entonces el más sabio de todos sería el cacique. El caciquismo, bien considerado, es una forma primaria de la democracia, porque el cacique verdadero es el tipo representativo en quien concurren los vicios y las virtudes de la tribu y, por consiguiente, Galicia no ha tenido caciques verdaderos, porque aquellos monigotes que mandaban en Galicia en tiempo de la monarquía y los monigotes que mandaban en Galicia en tiempo de la República, no están sostenidos por la voluntad de los gallegos, sino por la fuerza invencible del sistema unitario y centralista, importado en España por las dinastías extranjeras de los Austrias y de los Borbones, que, por lo visto, muchos republicanos quieren sostener. Por algo se dijo que el caciquismo es un árbol invertido que tiene sus raíces arriba y las ramas abajo. Yo no niego que pueda haber caciquismo dentro de un sistema descentralizador, pero entonces el caciquismo tendría sus raíces abajo y las ramas arriba: si Galicia, gobernándose por sí misma, quisiera organizarse en tribus, tendría caciques, y entonces, pero sólo entonces, se podría decir que Galicia tenía lo que se merecía, pero ya no podría decirse que Galicia tiene lo que le imponen desde Madrid, como nosotros afirmamos ahora y podemos demostrar.
Si la dictadura sirvió para algo en Galicia, fue para que viéramos lo poco que valían los caciques. Cuando un rico queda pobre es cuando se sabe lo que vale como hombre, y la Dictadura convirtió a los caciques anteriores en lo que ellos eran realmente, unos pobres diablos, porque la importancia que tenían no provenía de la voluntad popular, ni de su valimiento personal, sino de la fuerza oficial que los sostenía; y cuando la segunda Dictadura, los caciques que habían creado la primera también fueron anulados; pero, en cambio, resucitaron muchos caciques muertos el día 13 de Septiembre del año 1923. Y cuando vino la república, los caciques de la segunda Dictadura también fueron anulados ¡Ah!, pero, en cambio, resucitaron muchos caciques muertos y olvidados, que se infiltraron en los partidos republicanos invocando su condición de perseguidos. Y todos estos caciques son falsos, porque su vida está a merced, no sólo de un cambio de régimen, sino simplemente de un cambio de Gobierno.
Esto no podría ocurrir con los caciques verdaderos, porque a éstos es muy difícil exterminarlos. (EL SR. ABAD CONDE: ¿Y Viturro?) Ya hablaremos de ese señor, y también de Pepe Benito. (RISAS E RUMORES).
Galicia rechaza, como he dicho antes, la política caciquil, porque os puedo asegurar que tiene despierto el sentido de la democracia, y si los caciques gallegos son famosos en toda España, se debe únicamente a que nosotros los hemos popularizado con nuestras protestas. No hay región en España que pueda presentar tantos asesinatos de caciques como Galicia (RUMORES), y Galicia no es criminal, ni sanguinaria, como está demostrado. (NOVOS RUMORES). Pero estos hechos, vistos desde los pueblos que se resignan a todos mansamente, sólo sirvieron para engrandecer la figura de los caciques, por no querer concedernos quizás la grandeza de nuestras ansias de justicia.
Ocurría en otros tiempos, eso sí, que la gente del campo de Galicia, los pobres labriegos, temerosos de la Justicia, buscaban el amparo y la protección de hombres influyentes en la política para acorazarse contra las injusticias de la ley; pero desde que se crearon en Galicia las Sociedades agrarias, y las hay en todos los ayuntamientos, yo os aseguro que es innecesario el caciquismo en Galicia, y hay sólo un procedimiento lícito para combatir a los últimos, a los contados ejemplares de esa especie – me refiero a los caciques verdaderos -, y es instruyendo a la tribu, en vez de combatir directamente a los caciques verdaderos con la aviesa intención política de sustituirlos con unos caciques falsos.
El ansia de mando es común entre los hombres, y, por consiguiente, el caciquismo brota naturalmente en todos los pueblos, con la misma naturalidad con que nace en nosotros la barba en la cara; pero hay un procedimiento para acabar con esa suciedad e inmundicia: Afeitarse diariamente (RISAS). Galicia no necesita ya de caciques verdaderos, porque sabe afeitarse diariamente; pero, en cambio, es impotente para exterminar a los caciques falsos, que se amparan en los gobiernos de Madrid, especialmente en esa maldecida casona de la Puerta del Sol. (RISAS.- O SR. ABAD CONDE: Y ¿votáis con el gobierno diciendo eso?) Su señoría, Sr. Abad Conde, que tiene unos apellidos magníficos para ser un republicano anticlerical (RISAS), no debiera interrumpir. (O SR. ABAD CONDE: Apellidos que no deben nada a nadie; pero S.S. tiene el apellido castellano y presume de galleguista).
Y después de lo dicho voy a exponer concretamente nuestras quejas. Al venir la República sube al Poder un representante de Galicia, el señor Casares Quiroga, autor de un magnífico manifiesto, saturado de buenos propósitos y de bellas frases, escrito de puño y letra, cuyo original he tenido yo en mis manos aún no hace muchos días. El Sr. Casares Quiroga, jefe de la ORGA, hoy partido Republicano Gallego, recaba para sí y para su partido a los cuatro gobernadores de Galicia y no tarda en ocupar la cartera de Gobernación, convirtiéndose de este modo -es indudable- en el jefe político más poderoso que jamás haya existido en Galicia. Y yo tengo derecho a preguntar: ¿Cómo ha utilizado el actual Ministro de la Gobernación todo este poder? ¿Para qué ha servido toda esta fuerza extraordinaria? Si yo fuese complaciente -y os aseguro que intenciones me dan de serlo- diría que no ha servido para nada. (O SR. PRESIDENTE DO CONSELLO DE MINISTROS: Eso le probará a S.S. que el Sr. Casares Quiroga no ha utilizado su puesto para hacer política personal. -O SR ABAD CONDE: ¡Ya lo creo que si! Siempre en perjuicio y de la peor manera, incluso encargándose del Ministerio de la Gobernación para hacer sus elecciones.) Sr. Abad Conde, quien está haciendo la interpelación soy yo.
Agradezco muchísimo la interrupción que me ha hecho el Sr. Presidente del Consejo de Ministros porque me da derecho a ser justo (O SR. PRESIDENTE DO CONSELLO DE MINISTROS: Eso no es un derecho.), y si soy justo tendré la obligación, aunque me duela -y yo puedo asegurarle a su señoría que me duele en el alma-, de decir que la fuerza del Sr. Casares Quiroga, con su voluntad o involuntariamente, sólo ha servido para resucitar caciques muertos, putrefactos y olvidados, y para crear muchos cacicatos nuevos, haciéndose en muchísimos pueblos de Galicia casi imposible el noble ejercicio de la ciudadanía. Así es como tengo que contestar a la interrupción de S.S. y pensaba ser mucho más comedido. Para ilustrar ese aserto podría citar casos ocurridos en la provincia de Pontevedra, por la que soy Diputado, como el del Ayuntamiento de Barro, en donde incluso se ha tenido que suicidar un pobre secretario de Ayuntamiento; pero no quiero que me creáis poseído de resentimientos políticos; podría citar casos de la provincia de A Coruña, tales como el del Ayuntamiento de Dodro, en donde se emplea el repartimiento de consumos, procedimiento ya desterrado en tiempo de la monarquía, como arma caciquil para descargarla impunemente sobre los rebeldes; podría citar el caso de la Pobra do Caramiñal, en donde se ha destituído del Ayuntamiento a la minoría socialista; podría citar el caso de Mazaricos, en donde se ha destituído del Ayuntamiento popular por irregularidades cometidas por una corporación anterior y se nombró presidente de la comisión gestora al alcalde de real orden que presidió la corporación culpable; podría citar el caso de Teo, y otros muchísimos, pero no quiero abrumaros con relatos largos y difíciles de contar, y voy a reducirme a un pequeño caso, pequeño comparado con otros, pero característico y típico del caciquismo, ocurrido en Rianxo, mi pueblo natal, en donde no tengo absolutamente ningún interés político que defender, pero quiero, como todo el mundo quiere al pueblo en que ha nacido.
En mi pueblo había un secretario de Ayuntamiento, inteligente y honrado; un día recibió la visita de un tal San Luis, famoso por sus fechorías en toda la provincia de A Coruña, y en aquel entonces procesado por descato a una Comisión gestora. Este sujeto le dice al secretario: “Necesito que usted se marche de aquí porque yo he de ver a Rianxo a dirigir la política del Sr. Viturro”. El secretario no acepta esta amable invitación, y entonces el tal sujeto aparece a los pocos días como delegado del gobernador para hacer una inspección en el Ayuntamiento, y efecto de ella, aquel secretario honrado se ve en la necesidad de pedir el traslado en evitación de represalias más fuertes, y entonces se nombra secretario de Rianxo al que ha´bia sido delegado del gobernador para hacer una inspección en el Ayuntamiento. (O SR. LÓPEZ VARELA: Así no se debe votar en el Gobierno. -O SR. SUÁREZ PICALLO: Es otro asunto.) Qué dice la Srta. Campoamor (O SR. LÓPEZ VARELA PRONUNCA PALABRAS QUE NON SE PERCIBEN). Perdone el Sr. López Varela, como yo oí una voz femenina; ahora me doy cuenta… (O SR. LÓPEZ VARELA: su Señoría es un farsante que se ha valido del Sr. Casares Quiroga y éste le ha dado el acta de Diputado, y no tiene derecho a venir aquí a hacer lo que hace. Lo primero que se necesita para ser Diputado es ostentar el acta de dignidad. – RUMORES). ¿Qué dice el emilianista, el representante de Emiliano en el Parlamento? ¡A eso podíamos llegar! (O SR. LÓPEZ VARELA: Su Señoría es el único cacique que hay en Pontevedra; si hay alguien allí desprestigiado e indigno de la política, es S.S. – O SR. POZA JUNCAL: ¡eso es verdad! – O SR. LÓPEZ VARELA: ¡eso es verdad! ¿Qué sabe S.S.? ¡No hay derecho a eso!) El emilianista Sr. López Varela, que es en la minoría radical un embajador de Emiliano, pero nada más… (RUMORES E PROTESTAS NA MINORÍA RADICAL. O SR. GUERRA DEL RIO: Aquí no hay embajadores de nadie) ¿Qué duda cabe? Es verdad lo que estoy diciendo, y no podéis negarlo, porque es verdad; así se titulan estos señores en la provincia de Pontevedra, incluso los candidatos que han representado ostentan la filiación de Radical Emilianista, Su Señoría no puede negarlo. (O SR. LÓPEZ VARELA: eso lo será S.S., cuando le pedía que le ayudara en las elecciones, yendo a postrarse con su demanda del favor al Centro Radical de Pontevedra). No es cierto. Eso es falso. (O SR. LÓPEZ VARELA: Su Señoría está desprestigiando a la región. – CONTINÚAN OS RUMORES. -O SR. PRESIDENTE RECLAMA ORDEN) Yo me alegro muchísimo de esta interrupción del Sr. López Varela, porque así sabrán quién es los que le han votado sin conocerle. (O SR. LÓPEZ VARELA: Ya lo saben todos allí; eso es lo que le duele a S.S.) Y vamos a seguir con la interpelación.
O SR. PRESIDENTE: Mucho rato, no, Sr. Rodríguez Castelao, porque no disponemos de tiempo.
O SR. RODRÍGUEZ CASTELAO: Señor presidente, ruego a S.S. que descuente todo el tiempo que se pierde con estas interrupciones, haciendo lo que el “referee” en el fútbol cuando el balón sale fuera del campo. (RISAS).
O SR. PRESIDENTE: Yo no entiendo nada de fútbol. (MÁIS RISAS).
O SR. RODRÍGUEZ CASTELAO: Vamos a seguir con el relato. Este secretario que ha sido nombrado en Rianxo no pertenecía a la primera categoría de los que forman parte del Cuerpo y para colocarle en condiciones se hace una pequeña trampa en el Ministerio de la Gobernación. Este señor llega a mi pueblo, convirtiéndose en la única autoridad de él, porque nadie puede invocar autoridad alguna frente a la suya, que es grandísima, puesto que ostenta la representación del Sr. Viturro, uno de los amos políticos de la provincia. Cuando este señor secretario ocupa el cargo, incluso no deja de hablar en las sesiones a los concejales de la minoría federal, que forman el único grupo republicano de aquel ayuntamiento. En cierta ocasión, encontrándose entre el público un estudiante, observa que no se permite usar de la palabra a la minoría republicana y se indigna y profiere palabras de protesta justas y merecidas; en vista de ello, se detiene al estudiante, se le encarcela durante cuatro días y está procesado. Al tener yo noticia de esto, decido averiguar si tal manifestación de caciquismo tiene sus raíces en el Ministerio de la Gobernación; visito al director general de Administración y, en presencia del expediente del sujeto a que me estoy refiriendo, me confiesa que, efectivamente, está mal incluido en la primera categoría de secretarios y me promete hacer justicia, pero no lo realiza así, y entonces acudo al Sr. Ministro de la Gobernación y le relato todo lo que ha ocurrido en mi pueblo, sin que hasta ahora se haya puesto remedio al hecho por mí denunciado. No hago ningún comentario porque quiero ser generoso; no cito más que este caso de poca importancia, pero de él pueden deducirse todas las consecuencias apetecibles para reforzar mis afirmaciones.
Por último, tengo que decir que al cabo de dos años de mando directo o indirecto del Sr. Casares Quiroga en Galicia, nuestra decepción es absoluta.
El tercer asunto a que voy a referirme es el concerniente al Estatuto. Convencidos como estamos nosotros de las ansias autonomistas de nuestro país formulé un ruego al Gobierno el día 18 de diciembre de 1931, con objeto de averiguar si era cierta la buena disposición de los gobernantes respecto a las autonomías regionales. Voy a leeros dos párrafos del expresado ruego. Dicen así: “… No basta con abrir la puerta a las autonomías regionales en la Constitución; es preciso dictar la ley que regule el mecanismo más conveniente para el caso, designando la entidad regional que habrá de entender en la formación del Estatuto y en la organización del plebiscito.” “Es indudable que la Constitución determina las condiciones legales en que una o varias provincias limítrofes puedan formar la región autónoma; pero ahora hace falta dar normas de procedimiento; es preciso señalar el organismo regional, la entidad jurídica que habrá de estar investida de facultades para organizar el plebiscito. Porque el caso de Cataluña no puede servirnos como antecedente. Allí la autonomía surgió revolucionariamente; la Generalitat se creo como un poder de la revolución, paralelo al poder de la República, y nadie de buena fe podrá negar legitimidad al Estatuto por ella redactado y presentado en las Cortes Constituyentes. Galicia no cuenta con un organismo oficial que la represente; no tiene siquiera en estos momentos sus Diputaciones provinciales constituidas con arreglo a la ley, y no posee una ciudad que sea cabeza indiscutible de la región. En estas condiciones es difícil redactar un Estatuto que pueda merecer el asentimiento unánime del país y que pueda ser defendido con igual fervor por todos los sectores políticos que allí luchan encarnizadamente.
Si se tratase de consultar la voluntad autonomista del pueblo gallego, dejando después a una asamblea la misión de elaborar el Estatuto, no existirían grandes dificultades; pero se trata de someter al referéndum la carta regional, y en Galicia no existe ninguna institución jurídica con facultades para elaborarlo. ¿Qué entidad o entidades gallegas podrán redactar el Estatuto, de modo que éste tenga un origen irrecusable y legítimo?. Los ayuntamientos son instituciones elegidas para fines restringidos y locales, sin capacidad la mayor parte de ellos para elaborar un cuerpo jurídico tan fundamental como es el Estatuto de la región: las Diputaciones provinciales gallegas son las instituciones más desacreditadas; están constituidas en este momento por el arbitrio gubernativo, están llamadas a desaparecer en cuanto se constituya el organismo regional y, posiblemente, están interesadas en al permanencia del régimen de provincias.”
El Sr. Ministro de Obras Públicas, en representación del Gobierno, contestó a mi ruego leyéndome el Art. 12 de la Constitución y pronunciando después las siguientes palabras: “Cualquiera, incluso S.S., puede tomar la iniciativa; cualquiera de los Ayuntamientos, cualquier personalidad o entidad jurídica de Galicia, cualquier gallego, simplemente, puede requerir a los Ayuntamientos a que se reúnan y congreguen para que formulen la petición que se previene en el Art. 12 de la Constitución, porque el Gobierno no puede improvisar ninguna clase de métodos. Si sus señorías requiriesen a una entidad determinada, pues de las mismas palabras de S.S. se deduce que no hay allí, según SS.SS., personalidades suficientemente capacitas…” Y yo interrumpí diciendo: “No es eso. Lo que yo dije es que allí no hay ninguna entidad jurídica con facultades para organizar un plebiscito”.
Y sigue el Sr. Prieto: “Con que lo pida un solo Ayuntamiento, un solo vecino, se pone la iniciativa en marcha. El Gobierno no puede dictar normas que rocen siquiera el texto constitucional. Lo que podía deducirse, en pura lógica, de las palabras de S.S., es que no sumándose en Galicia los requisitos constitucionales para formular el Estatuto, el Gobierno los improvisara, y el Gobierno no puede improvisarlos, porque infringiría la Constitución.”
En mi rectificación concreté más el ruego y dije: “He pedido al Gobierno que se sirviese designar el organismo encargado de realizar el plebiscito, como se ha hecho para las Provincias Vascongadas”. Y el Sr. Prieto entonces replicó: “Si hay un Ayuntamiento, uno solo, cualquier colectividad de Galicia que venga al Gobierno con esa petición, el Gobierno deliberará sobre y resolverá; pero SS.SS. nos piden que deliberemos y resolvamos sobre una propuesta que no existe, y esto es demasiado pedir al Gobierno.”
Dejo al buen juicio de la Cámara y de los señores Ministros si mi ruego era oportuno y si la contestación queme dio el Sr. Prieto fue adecuada. Lo cierto es que la respuesta dada por el Gobierno a mi ruego puede servirme ahora para demostrar que las autonomías regionales quedan entregadas a la arbitrariedad de los gobernantes por no existir las garantías legales necesarias.
Y vamos a ver lo que ha ocurrido en Galicia.
O SR. PRESIDENTE: Sr. Rodríguez Castelao, ¿le falta a S.S. mucho tiempo para terminar su intervención?.
O SR. RODRÍGUEZ CASTELAO: Sr. Presidente, yo le rogaría que ya que nunca he agotado el tiempo reglamentario…
O SR. PRESIDENTE: Si no hay tiempo reglamentario en esto. Hay discreción natural que hace que las intervenciones en las interpelaciones deban ser breves, y, además, no disponemos de tiempo.
O SR. RODRÍGUEZ CASTELAO: Yo prometo a S.S. ser lo más breve posible.
O SR. PRESIDENTE: Pero las posibilidades hay que apreciarlas, porque si todavía se va a extender su discurso, lo dejaremos suspendido si es posible para mañana.
O SR. RODRÍGUEZ CASTELAO: No; desearía terminar hoy; es poco el tiempo que tardaré.
O SR. PRESIDENTE: Con la mayor brevedad posible, porque urge.
O SR. RODRÍGUEZ CASTELAO: Creo que no he dado pruebas de malgastar el tiempo.
Lo que ha ocurrido en Galicia ha sido lo siguiente. El Ayuntamiento de Compostela convocó a una Asamblea preparatoria que se celebró el 3 de junio, en la que estaban representadas todas las entidades importantes de Galicia. Allí no hubo discrepancia alguna respecto a la necesidad de pedir la autonomía para Galicia, y entonces se nombró una Comisión de técnicos, encargada de redactar un anteproyecto. Este anteproyecto se sometió a información pública, que duró dos meses, durante los cuales se recibieron enmiendas y sugestiones de todos los gallegos que quisieron enviarlas, y por fin, en el mes de Diciembre y en los días 17, 18 y 19 se celebró en Compostela la magna Asamblea de los Ayuntamientos de Galicia. Yo invoco el testimonio de los Diputados que están aquí presentes y que asistieron a aquella Asamblea, para que digan si aquello no fue un ejemplo magnífico de democracia. Estuvimos discutiendo artículo por artículo, y en el último día quedó aprobado por inmensa mayoría de los Ayuntamientos de Galicia. Son nada menos 250 Ayuntamientos de los 319 que hay en Galicia los que proponen el Estatuto Gallego.
Quedó, pues, cumplido el primer trámite que exige el art. 12 de la Constitución, quedó traspasado este primer obstáculo constitucional, y en estas condiciones, el Comité, que representa a la Asamblea, es decir, la voluntad de la inmensa mayoría de los Ayuntamientos de Galicia, se dirige al Gobierno directamente varias veces y por medio de una comisión de Diputados para solicitar el decreto necesario a fin de ir cuanto antes al plebiscito. El Gobierno da la callada por respuesta, y es hoy día -al cabo de tantos meses transcurridos- en que el Gobierno no se ha dignado dictar aún esta disposición solicitada por nosotros.
Y ¿es que Galicia tiene derecho a quejarse? Yo creo que sí, porque el Gobierno entregó un decreto a las diputaciones vascas, nombradas por el arbitrio gubernativo, para que fuesen el organismo director del plebiscito, antes de saber si los vascos estaban de acuerdo respecto a la redacción del Estatuto y antes de saber si había de proponerlo a la mayoría de los Ayuntamientos de aquel país; dando con este acto, por lo menos, una sensación de complicidad y de marcado deseo a favor de la autonomía vasca. (O SR. AGUIRRE: ¡Ojalá hubiese sido así Sr. Castelao!) Y nosotros los gallegos, sin necesidad de aparentes complicidades, sin necesidad de un decreto por el que pudiéramos decirle a nuestro país que el gobierno tenía buenos deseos respecto a la autonomía, nosotros hemos cumplido de modo ejemplar el primer trámite que exige la Constitución, y en estas condiciones no hemos logrado todavía un decreto que se les entregó graciosa y inútilmente a unas comisiones gestoras.
Ganar el plebiscito en Galicia, Sres. Diputados es cosa bien difícil, porque el porcentaje de votación exigido excede con mucho de lo razonable. Galicia, como sabéis todos, es un país eminentemente rural y, por consiguiente, sus censos electorales son deficientes, tienen que serlo; pero, además, los censos electorales se hacen sobre la base de la población de derecho y Galicia es un país de emigración y, en consecuencia faltan muchísimos de sus electores. Si el porcentaje, en vez de referirse a los electores, se refiere a los votantes, como nosotros habíamos pedido cuando se discutió la Constitución, aunque el porcentaje fuese mucho mayor, no existirían dificultades; pero, en las circunstancias en que se encuentra Galicia, ganar el plebiscito supone un estado realemente extraordinario de pasión, y con vuestra abstención, con vuestro silencio, con vuestra manera de matar el tiempo, nos dais derecho a sospechar que habéis realizado una maniobra para enfriar el entusiasmo que se había producido con motivo de la Asamblea de Compostela, y con vuestra abstención también habéis dado lugar a que reviviesen los enemigos de la autonomía, que son el residuo de la monarquía, que son los viudos de la monarquía, casados en segundas nupcias con la República, que son los tenorios de la política que andan a ver si deshonran a la República como antes deshonraron a la monarquía. A esos les habéis favorecido con vuestra manera de proceder frente a nosotros.
Y no pedíamos nada extraordinario. Si nosotros no tuviésemos un entusiasmo inagotable por la autonomía de nuestra tierra, os diríamos que ya no necesitamos para nada el decreto, porque estamos seguros de que dentro de poco tiempo el Estatuto gallego parecerá ridículo por pequeño. El Estatuto de Galicia, aprobado por la inmensa mayoría de sus Ayuntamientos, no satisface nuestras aspiraciones, pero el Estatuto que Galicia se dio a sí misma en un alarde de democracia y nosotros lo acatamos y lo defendemos poniendo en su defensa todo el interés que merecen las causas populares, todo el esfuerzo que reclama la lucha por la libertad de una tierra que para nosotros es nuestra patria.
Señores Diputados, quisiera extenderme un poco más, pero veo la impaciencia del Sr. Presidente y voy a terminar.
El cuarto punto que quería tratar, y voy a pasar sobre él ligeramente… (RUMORES E RISAS). Yo tengo derecho a exponer mis ideas como lo tiene todo el mundo; por algo soy Diputado.
O SR. PRESIDENTE: Si, Sr. Castelao pero yo no dispongo de más tiempo.
O SR. RODRÍGUEZ CASTELAO: Voy a terminar enseguida. El cuarto punto que yo quería tratar se refiere a la defensa de la pequeña propiedad. Aquí se ha leído una proposición de ley defendiendo la pequeña propiedad rural, cuya toma en consideración apoyé yo y que fue a morir al seno de la comisión de agricultura. Nosotros pedíamos que la pequeña propiedad rural fuese considerada como instrumento de trabajo a los efectos de la tributación y del embargo, conforme a lo que ordena el art. 47 de la Constitución. Aquel mismo día se defendió también aquí una enmienda al dictamen de la comisión de hacienda acerca del proyecto de ley elevando los tipos impositivos y nosotros sólo pedíamos que el gravamen del 10 por 100 sobre la contribución territorial no alcanzase al pequeño patrimonio de trabajo, y fue rechazada injustamente, con detrimento del buen sentido y del espíritu que informa el art. 47 de la Constitución.
Yo invito al Sr. Presidente del Consejo de Ministros a que pase su vista sobre esta proposición de ley y los discursos pronunciados, incluso sobre el mío, cuando se discutió el presupuesto de ingresos, también en defensa de los pequeños propietarios que están sufriendo una injusticia fiscal insoportable; y el Sr. Ministro de Hacienda, al contestar a los discursos no tuvo siquiera la bondad de hacer alusión al mío como si yo me hubiera dirigido a las estatuas de esos reyes católicos, que ya me están molestando, en el retablo presidencial (GRANDES RISAS).
Para terminar, he de decir que quisiera tener un motivo, uno sólo, para estar agradecido al Gobierno; quisiera tener un pretexto, uno sólo, para felicitar al Gobierno por su actuación en Galicia; pero me veo en la necesidad de suscribir un telegrama que se ha enviado de Galicia al Sr. Ministro de Agricultura, y que yo hago extensivo a otros Ministros: “Ya nada más queda que hacer en contra de Galicia: no queréis activar las obras de nuestros ferrocarriles, que hemos pedido con angustia extraordinaria; no extirpasteis el caciquismo; estáis contribuyendo, incluso, a que se desarrolle con más vigor en nuestra tierra; habéis boicoteado nuestro Estatuto; no atendéis a las necesidades más apremiantes de nuestros trabajadores campesinos; no habéis servido más que para agravar nuestra situación económica.” En estas condiciones, creedme, señores Ministros, no podemos defender a los poderes públicos en nuestra tierra. Nada más.
Castelao na Rede 
[…] Castelao, Congreso dos Deputados (1933) […]