Señores Diputados, ayer, al intervenir el Sr. Beunza en el debate político, sentí ganas de intervenir también, pero no lo hice porque me pareció que lo que tenía que preguntar al Gobierno quizá no encajase bien en aquel momento y además, quería dar al Gobierno la sensación de que la cordialidad es siempre la base más permanente de nuestro carácter. He de asegurar, sin embargo, que cualquier obstáculo que encontremos en nuestro camino no servirá más que para avivar las ansias autonomistas de mi tierra.
Hablo en nombre de varios Diputados gallegos y del partido político a que pertenezco, para hacerle una pregunta al Gobierno. Algo dolido en mis sentimientos de gallego y en mis ideas de galleguista, he de ocultar hasta el fin las decepciones sufridas, porque soy un optimista y guardo siempre un resto de esperanza; pero es posible que Galicia no pueda presentar su Estatuto en estas Cortes, por motivos que no sería prudente manifestar ahora y por otras causas que el Gobierno y la Cámara deben conocer. Galicia no cuenta con un organismo oficial que la represente, no tiene en estos momentos sus Diputaciones provinciales constituidas con arreglo a la Ley y no posee una ciudad que sea cabeza indiscutible de la región; en estas condiciones, es difícil redactar un Estatuto que pueda merecer el asentimiento unánime del país y que pueda ser defendido con igual fervor por todos los sectores políticos que allí luchan encarnizadamente. Si se tratase de consultar la voluntad autonomista del pueblo gallego, dejando después a una asamblea la misión de elaborar el Estatuto, no existirían grandes dificultades; pero se trata de someter al referéndum la carta regional, y en Galicia no existe ninguna institución jurídica con facultades para elaborarlo. ¿Qué entidad o entidades gallegas podrán redactar el Estatuto, de modo que éste tenga un origen irrecusable y legítimo?. Los ayuntamientos son instituciones elegidas para fines restringidos y locales, sin capacidad la mayor parte de ellos para elaborar un cuerpo jurídico tan fundamental como es el Estatuto de la región: las Diputaciones provinciales gallegas son las instituciones más desacreditadas; están constituidas en este momento por el arbitrio gubernativo, están llamadas a desaparecer en cuanto se constituya el organismo regional y, posiblemente, están interesadas en al permanencia del régimen de provincia. Los Diputados a cortes no hemos recibido de nuestros electores más mandato que el de intervenir en la formación del Código constitucional de la República.
Y sin embargo, Señores, Galicia es una región bien definida, étnica, geográfica e históricamente, que necesita su autonomía para prosperar y que tiene y ha tenido siempre el ansia de vivir su vida. Allí el regionalismo es tan antiguo como en Cataluña, y para demostrarlo bastaría con citar el nombre de Alfredo Brañas. Cuando advino la primera República se celebró en Santiago de Compostela una asamblea, a la que concurrieron 545 delegados gallegos, y allí se acordó ejercer el derecho de iniciativa en la organización autónoma de Galicia que el nuevo régimen prometía; pero apareció la serpiente del centralismo, nuestros liberales y demócratas fueron vencidos, convencidos y engañados, y desde entonces cayó sobre mi tierra el más repugnante de los feudalismos, el caciquismo que todos conocéis y que todos repudiáis, pero que no seréis capaces de remediar dentro del sistema unitario y centralista. También entonces tenía Galicia un representante en el Gobierno, que se llamaba Eduardo Chao, este buen gallego votó en pro de la República federal, porque entendía que la autonomía habría de estimular poderosamente la vitalidad económica de Galicia, a la que él consideraba como la región española más dotada de prosperar bajo ese régimen.
La segunda República, esta magnífica República, despertó en todas las regiones el sentido federalista, y Galicia volvió a dar muestras de sus ansias de autonomía en una grandiosa asamblea celebrada en A Coruña y convocada por la Federación Republicana Gallega. También ahora Galicia cuenta con un representante en el Gobierno, el señor Casares Quiroga, que ha votado a favor de la República Federal. Como veis, los hechos se han repetido exactamente y con igual resultado. Creo que es una verdad el decir que el sistema unitario y centralista no ha realizado la unidad española; nosotros creíamos que debía realizarse por medio de la federación; pero de pronto surgió aquí el fantasma de la soberanía (una palabra hueca, que a mí me suena a militarismo), y el nuevo régimen sigue los cauces del viejo. En el Paraíso que nos prometía esta segunda República, hizo nuevamente su aparición la serpiente del centralismo, y triunfó; porque la serpiente es siempre más vieja y más astuta que el hombre. Si efectivamente queréis conceder autonomía a las regiones, debéis dar muestra de vuestra generosidad. Si una región reclama su autonomía, no podéis negársela; pero si una región la necesita, debéis estimular su voluntad para que la reclame. Y en este sentido no basta con abrir la puerta a las autonomías regionales en la Constitución, es preciso dictar la ley que regule el mecanismo más conveniente para el caso, designando la entidad regional que habrá de entender en la formación del Estatuto y en la organización del plebiscito.
Es indudable que la Constitución determina las condiciones legales en que una o varias provincias limítrofes pueden formar la región autónoma; pero ahora hace falta dar normas de procedimiento; es preciso señalar el organismo regional, la entidad jurídica que habrá de estar investida de facultades para organizar el plebiscito. Porque el caso de Cataluña no puede servirnos; allí la autonomía surgió revolucionariamente, la Generalitat se creó como un poder de la revolución, paralelamente al poder de la República, y nadie de buena fe podrá negar legitimidad al Estatuto por ella redactado y presentado a las Cortes Constituyentes.
Tampoco pueden servirnos de norma las provincias Vascongadas, las Provincias, como suele llamárselas; porque allí las Diputaciones tienen una gran categoría, ganada precisamente por el concierto económico. De modo que esto tampoco puede servirnos.
Y nada más digo, Sres. Diputados. Esperemos que el Gobierno resuelva este pequeño problema que nos vemos obligados a plantearle varios Diputados Gallegos, y en cumplimiento, además, por mi parte, del encargo que me hizo el partido político a que pertenezco (Aplausos).
Castelao na Rede 